La pobreza infantil vuelve a situarse en el centro del debate social y económico en España. El Consejo Económico y Social (CES) ha reclamado la creación de una prestación universal por crianza como medida estructural para combatir una realidad que afecta a cerca de 2,6 millones de niños y adolescentes en nuestro país. Según el organismo, uno de cada tres menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que sitúa a España entre los países con peores indicadores de la Unión Europea.
Una ayuda para garantizar la igualdad de oportunidades
El CES considera que las actuales políticas de apoyo a las familias son insuficientes y llegan de forma desigual a muchos hogares. Por ello, propone una prestación universal por crianza que ayude a cubrir los costes asociados a la educación, alimentación, vivienda y cuidado de los hijos. La medida se plantea como una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil y favorecer la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.
Durante la presentación de la Memoria 2025, el presidente del CES, Antón Costas, defendió que esta ayuda debería garantizarse al menos durante los primeros tres años de vida de los menores, aunque dentro del organismo existen propuestas para ampliarla hasta los 6 o incluso los 12 años.
Las familias con hijos, entre las más vulnerables
Los datos muestran que la presencia de menores en el hogar continúa siendo uno de los principales factores de riesgo de pobreza en España. La situación es especialmente preocupante en familias monoparentales y en hogares con varios hijos, donde los gastos asociados a la crianza tienen un impacto mucho mayor sobre la economía familiar.
En este contexto, las familias numerosas representan un colectivo especialmente sensible. La propia Ley de Protección a las Familias Numerosas reconoce que el coste derivado del cuidado, educación y mantenimiento de varios hijos genera una situación de desventaja económica que requiere medidas específicas de apoyo público.
Una inversión social y económica
Más allá del impacto humano, el CES advierte de que la pobreza infantil tiene también un elevado coste económico para el conjunto de la sociedad. El organismo estima que supone unas pérdidas anuales cercanas a los 63.000 millones de euros, equivalentes al 5,1% del PIB, debido a sus efectos sobre la salud, el rendimiento educativo, la productividad futura y la cohesión social.
Por ello, distintas organizaciones sociales, entidades de infancia y expertos en políticas familiares coinciden en que reforzar las ayudas a la crianza no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el futuro del país.
El papel de las familias numerosas
Desde la Federación Madrileña de Familias Numerosas (FEDMA) se viene reclamando desde hace años una política familiar más sólida que reconozca la aportación social de las familias con hijos. Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con más de 156.000 familias numerosas, que contribuyen de forma decisiva al relevo generacional y al sostenimiento futuro del estado del bienestar.
FEDMA recuerda que apoyar a las familias no solo mejora su calidad de vida, sino que también favorece la natalidad, la conciliación y el desarrollo económico y social de la sociedad. La creación de una prestación universal por crianza podría convertirse en una herramienta clave para aliviar la presión económica que soportan miles de hogares y avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada.
Una medida aún pendiente
Aunque el debate está sobre la mesa y diferentes organismos la respaldan, la prestación universal por crianza todavía no ha sido aprobada ni figura en ninguna normativa vigente. Actualmente se trata de una propuesta en estudio que requeriría desarrollo legislativo y dotación presupuestaria para su puesta en marcha.
Lo que sí parece claro es que la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias se han convertido en uno de los grandes retos sociales de España para los próximos años. La respuesta que se adopte marcará el bienestar de millones de niños y el futuro demográfico, económico y social del país.
