La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que extienda hasta los 6 años la deducción fiscal que reciben las mujeres con hijos de 0 a 3 años, para reforzar el apoyo a la familia y la maternidad hasta que se apruebe la prestación universal por hijo menor de 18 años.

La FEFN recuerda que esta ayuda directa por hijo hasta la mayoría de edad es la medida más necesaria y demandada por las familias, pero sigue siendo una propuesta que está encima de la mesa sin fecha, y mientras se deben articular otras medidas, mucho más asumibles para el Estado, que permitan reforzar la protección a la familia y la infancia y sacar a España del vagón de cola en Europa en el gasto público en políticas públicas.

Así se recoge en un estudio de la FEFN realizado con la Universidad de Vigo y el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que analiza diversas medidas económicas y de protección social para mejorar el apoyo a las familias en España, y que vuelve a poner de manifiesto la escasa inversión de nuestro país en políticas familiares, frente a los países de su entorno. El estudio señala la necesidad de incrementar el gasto público en España, situado en un 1,87% del PIB en 2021, muy lejos del 3,46% de Alemania, el 3,44% de Austria, el 3,38% de Francia o el 3,32% de Suecia, algunos de los países que más han apostado por las políticas públicas de protección a la familia y, a la vez, han tenido mejores resultados para combatir el “invierno demográfico”.

Medida asumible y ampliable

Según la FEFN, ampliar la deducción fiscal por hijo menor de 3 años hasta los 6 años supondría un apoyo claro y directo a las familias en la crianza de los hijos, similar al de la prestación universal hasta los 18 años, pero “sería más asumible para el Estado”. En concreto, según la investigación de la Universidad de Vigo, significaría una reducción de la recaudación en 1.900 millones de euros, al estar planteado en forma de impuesto negativo -con abono anticipado-, y vinculado a tramos de edad que se podrían ir ampliando hasta los 12 y 18 años en años sucesivos.

Esta progresividad es señalada por los autores del estudio, que apuestan por la creación de una prestación universal -o cuasi universal- para “reducir la patente -y cada vez más creciente- desigualdad económica entre las familias con y sin hijos”. Los investigadores consideran necesario “rediseñar y revalorizar las ayudas para la infancia para los tramos de mayor edad y no focalizarlos en el grupo de 0 a 3 años” para cubrir así una mayor proporción de los gastos derivados del cuidado de los hijos. En concreto, la extensión al tramo de edad de 4 a 6 años posibilitaría una compensación fiscal del 14,5% de los gastos en que incurren estas familias con hijos. Con todo, sería una primera medida, pensando siempre en la extensión de esta actuación hasta que los descendientes alcancen la mayoría de edad, puesto que el coste de la crianza aumenta a medida que los hijos van cumpliendo años, mientras que el apoyo público se va reduciendo a partir de los 3 años.

Apoyo a la conciliación y el empleo femenino

Además, esta medida, que la FEFN pide para 2026, tendría un doble beneficio. Por un lado, un mayor apoyo económico a las familias con hijos hasta 6 años, en una etapa clave de la infancia por los cuidados que requiere; y, por otro, un impacto positivo sobre la conciliación y la mejora de la inserción laboral de las madres, que, según el estudio, siguen soportando el peso de la maternidad o el cuidado de familiares, a la hora de acceder al empleo. “Tener hijos o atender otras responsabilidades familiares penaliza”, señala el estudio, que recomienda reducir la brecha de género con una serie de medidas, apostando por un modelo que combine medidas compensatorias con proactivas, tendentes a mejorar la situación laboral del colectivo femenino.

En este sentido, la FEFN cree que la deducción de 0 a 3 años, que reciben las madres que trabajan fuera de casa y las que perciben prestación por desempleo, supone un incentivo claro para el empleo femenino y un apoyo real a la conciliación que beneficia a las mujeres, las que más sufren las dificultades para compaginar trabajo y familia.

La investigación de la Universidad de Vigo ha sido dirigida por Alberto Vaquero, profesor titular de Economía Aplicada y miembro permanente del centro interuniversitario ECOBAS y del grupo de investigación GEN, con la participación de Emma Rodríguez del área de Derecho del Trabajo y Alberto Vaquero del área de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.

Los autores del estudio analizan otras medidas para cubrir el llamado “coste de la conciliación” y también ponen en valor la necesidad de contar con permisos laborales más generosos, tanto en su duración como en la cuantía, para lograr una efectiva conciliación de la vida familiar con la laboral para las mujeres trabajadores con descendencia. Algo que muchos países de nuestro entorno (Alemania, Francia o Finlandia) vienen apostando desde hace años, pero que en España es todavía una asignatura pendiente.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFM) ha enviado una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedirle su apoyo ante la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una nueva norma que persigue mejorar la calidad del aire en las ciudades reduciendo los niveles de contaminación, y que podría perjudicar a las familias numerosas a la hora de restringir o penalizar el uso de determinados vehículos, como ya advirtió la FEFN hace meses.

La ley, que ya ha sido aprobada y ahora tendrá que desarrollarse con medidas concretas, plantea diversas actuaciones para reducir el uso de los vehículos más contaminantes y fomentar medios menos contaminantes, como el transporte colectivo, el transporte público o sin motor (bicicleta). Entre otras medidas para lograrlo, contempla la posibilidad de que los ayuntamientos introduzcan una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites de contaminación, y limitaciones en el estacionamiento, según las características del vehículo, algo que, a juicio de la FEFN, podría afectar directamente a las familias con más hijos, que para poder desplazarse con seguridad precisan vehículos de mayor capacidad que son de mayor potencia y a menudo son más contaminantes.

La FEFN ha recordado a la Federación de Municipios y Provincias que estos vehículos no son una elección caprichosa de las familias numerosas, sino una necesidad derivada del tamaño de la familia, y que penalizar el acceso o estacionamiento de los coches atendiendo solo al tipo de vehículo, supone en la práctica discriminar a las familias numerosas, olvidando que usan el vehículo de forma responsable para desplazamientos necesarios -llevar a los hijos al colegio, por ejemplo- y también que juegan un papel fundamental en la sostenibilidad demográfica y social.

La Federación solicita a la FEMP que, en el marco del trabajo que realiza con los ayuntamientos en la adaptación a la Ley de Movilidad Sostenible, se tengan en cuenta las características de tamaño de las familias numerosas y sus necesidades de movilidad para:

1. No aplicar restricciones o penalizaciones en el acceso a ZBE o zonas de prioridad residencial basadas únicamente en el tamaño o peso del vehículo, cuando éste sea el vehículo habitual de una familia numerosa (monovolúmenes, furgonetas, etc)
2. Reconocer la singularidad de las familias numerosas mediante bonificaciones, autorizaciones especiales o etiquetas específicas que permitan su circulación o estacionamiento sin penalización injusta.
3. Evitar incrementos en las tarifas de estacionamiento regulado derivados del tamaño del vehículo cuando este responde a una necesidad familiar objetiva, siendo vehículos de alta ocupación utilizados para el transporte habitual de familias numerosas.
4. Promover criterios de equidad social dentro de la movilidad sostenible, de manera que la protección medioambiental no recaiga de forma desproporcionada sobre determinados modelos familiares.

La FEFN confía en que la FEMP, como referente de coordinación entre municipios, pueda trasladar y promover estas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en las futuras ordenanzas locales, garantizando así que la movilidad sostenible sea, además de eficiente, justa.