La llamada Ley de Familias la pergeñó la entonces ministra Ione Belarra cuando era titular del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, con la oposición de la mayoría de entidades familiares de España, y terminó por presentarla a la Mesa del Congreso su sustituto al frente de la cartera, Pablo Bustinduy, no sin oposición social y «con carácter de urgencia».
De eso han pasado ya 466 días, o lo que es lo mismo, un año, tres meses y una semana. Y el Proyecto de Ley de Familias, que tenía un plazo previsto de diez días para presentar enmiendas, acumula ya 52 prórrogas sin que haya fecha prevista para su presentación a las Cortes o su aprobación en el Consejo de Ministros.
El Proyecto de Ley tampoco cuenta con una memoria económica estimada y, de hecho, prevé para algunas de sus disposiciones un plazo de financiación de más de un año tras su eventual entrada en vigor. Y eso que buena parte de sus medidas estarían vinculadas a eventuales subvenciones, ayudas económicas directas o exenciones fiscales para las familias en según qué casos.
Para continuar leyendo esta noticia pulse AQUÍ
